CITA APA
Méndez-Ulrich, J. L., & Barrios, D. G. Estudiantes universitarios en riesgo de exclusión social: una aproximación a una realidad social oculta.
Palabras clave
Estudiantes universitarios, universidad, pobreza, exclusión social.
Resumen
La reciente
recesión económica ha ocasionado un gran impacto en las condiciones de vida de
la población española. En el presente estudio se realiza una aproximación al
efecto de la crisis económica en el acceso a los estudios universitarios, así
como a los comportamientos relacionados con la exclusión social que los estudiantes
universitarios serían capaces de realizar o ya han realizado, con el único
propósito de costearse su educación. Para ello, 96 estudiantes contestaron
voluntariamente una encuesta cuyo objetivo era evaluar su situación
sociolaboral. detectar situaciones de riesgo de exclusión, y una escala
actitudinal en relación a conductas de riesgo social. A pesar de que el 78,5%
de los encuestados trabajaba, un 79,2% percibía su situación económica como
media o baja. Un 77,3% de encuestados habían realizado a lo largo de sus estudios
a conductas de riesgo como trabajar sin contrato, traficar con drogas, o
incluso prostituirse. De forma consecuente, los resultados sugieren una
asociación entre el nivel económico y riesgo social. por lo que se daría la
paradoja de que la universidad constituya una puerta de entrada a la exclusión.
Finalmente, se comentan las limitaciones del estudio y se destaca la necesidad
de profundizar en el abordaje de este fenómeno.
1. Marco teórico
1.1. Introducción
El inicio formal de la crisis económica en la que nos
hallamos actualmente inmersos se asocia con el denominado «estallido de la
burbuja inmobiliaria», y la crisis financiera mundial de 2008. Este escenario
adquirió una nueva dimensión a partir de la quiebra de la multinacional
financiera Lehman Brothers, que tuvo un importantísimo impacto económico a
nivel mundial. El Estado Español no quedó al margen de este fenómeno (Alonso y
Furió, 2010), y sus cotas de desempleo experimentaron un incremento del 11,94%
entre 2008. cuando la tasa de parados era del 13,79%, según datos de la Unión
General de Trabajadores (UGT) y 2014, cuando se alcanzó el 25,73%. Cataluña,
siguiendo esta tendencia, experimentó un crecimiento de las desigualdades
sociales, especialmente en los sectores sociales más vulnerables, como los
jóvenes, entre los cuales se encuentra gran parte de los estudiantes universitarios.
Fruto de las medidas en materia económica y laboral
impulsadas por el gobierno central y el autonómico, se produjeron recortes
salariales, con la consecuente reducción de la capacidad adquisitiva de la
población. Estos recortes también afectaron a los presupuestos destinados a
asuntos sociales como la sanidad, la educación, etc., lo que ha ido desgastando
el conocido como «Estado de Bienestar», en el que se basa la propia definición
del Estado expresada en el artículo 1.1 del Título Preliminar de la Constitución
Española de 1978, que dice textualmente:
«España se constituye en un Estado Social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Las
condiciones de trabajo se precarizaron a causa de la Reforma Laboral de 2012,
como se constata observando la tasa de desempleo del último trimestre de 2013,
que alcanzó el 26,03%, Según la UGT (2014), el número de menores de 35 años
desempleados ha ascendido hasta el 47% en los últimos años, lo que comporta un
incremento del 8% respecto a los registros anteriores a 2008. Para los
sindicatos, esta reforma significó «trabajar más y peor por menos», y de
acuerdo con el informe de 2014 de la Secretaria de acción sindical de la UGT,
esta norma condujo a un incremento de los contratos precarios, ya fueran
temporales, de formación o de prácticas (incluso aquellos no ajustados al
perfil formativo de los empleados). Además, se redujo la contratación de
personas con diversidad funcional, y se incrementaron los despidos colectivos,
dado su abaratamiento. La entrada en vigor de esta reforma redundó en el
beneficio de las empresas mediante la modificación de las condiciones de
trabajo, como ilustra el artículo 41.1 del Real Decreto de Ley 3/2012, febrero
2012, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral (convertida en Ley 3/2012,
de 6 de julio de 2012), que dice textualmente: «La dirección de la empresa
podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando
existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad
u organización técnica o del trabajo en la empresa». Entre las condiciones de
trabajo que esta ley permite flexibilizar a criterio de las compañías se
hallan. entre otras: aquellas que afectan a horarios y jornadas de trabajo, el
régimen de trabajos a turno o el sistema de remuneraciones, lo que incrementó la
indefensión de los trabajadores, y fomentó una mayor arbitrariedad por parte de
las empresas a la hora de fijar estas condiciones.
El impacto social de estas reformas y recortes se ven
también reflejados en trabajos como los de Laparra et al., (2010) o Lorenzo et
al., (2014), y en las encuestas de instituciones como el Institut a de Catalunya
(2012) o el Instituto Nacional de Estadística (2014), que muestran no solo una
degradación de las condiciones de trabajo en el sector privado, sino también en
el público, viéndose afectadas las dotaciones destinadas a las prestaciones
sociales de las que amplios sectores sociales dependen, incluidos los recursos
para el sistema público universitario.
1.2. Crisis, pobreza y exclusión
Los datos correspondientes a 2014 del EUROSTAT
muestran como el 29,2% de la población espa-ñola se encuentra en riesgo de
exclusión social, siendo este dato 5,2 puntos porcentuales superior la media de
la Unión Europea, que es del 24,4%. Este deterioro en las condiciones de vida
tiene su refle-jo en el incremento del desempleo y de las desigualdades
sociales, así como en el aumento del número de desahucios, de la demanda de
servicios de asistencia social, y del número de personas que tuvieron que
volver al domicilio familiar por no disponer de ingresos para vivir de forma
independiente.
La Organización de las Naciones Unidas (1995) define
la pobreza como «La condición caracterizada por una privatización severa de
necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones
sanitarias, salud, vivienda educación e información. La pobreza depende no solo
de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios». Por otra parte,
Subirats (2004:2) afirma que la pobreza es un complejo de realidades que
abarcan, más allá de la desigualdad económica, aspectos relacionados con la
precariedad laboral, los déficits de formación, el difícil acceso a una
vivienda digna, las frágiles condiciones de salud y la escasez de redes
sociales y familiares, entre otros. La primera de estas definiciones procede de
un organismo oficial, por lo que se trata de una operacionalización del
fenómeno de la pobreza; mientras que la segunda representa una aproximación academicista
a esta realidad. No obstante, ambas definiciones enfatizan que la pobreza se
define básicamente por la ausencia de recursos materiales, aunque esta
situación no represente un riesgo para la supervivencia. Desde este punto de
vista, en la actualidad la pobreza se manifiesta frecuentemente y mediante múltiples
formas como el paro de larga duración, la cronificación en la dependencia de
ayudas sociales e incluso el impago y corte de los suministros básicos, entre
otras muchas.
Por otra parte, se entiende por exclusión social «el
proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las
posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros sí
tienen acceso y disfrutan» (Gil, 2002:21). Este proceso lo pueden desatar multitud
de situaciones como el desempleo, disponer de una vivienda deficiente, las
dificultades en el acceso a la educación, o en general, cualquier limitación en
la participación social (Bel Adell, 2002:3). Otros autores como Hernández
Pedreño (2010) subrayan el hecho de que las propias instituciones europeas
huyan de los criterios exclusivamente economicistas a la hora de definir qué es
la exclusión social, destacando su carácter multidimensional y procesual. Por
tanto, existe en la sociedad una cierta «división invisible» entre aquellos
ciudadanos que pueden hacer frente a las consecuencias de la crisis económica y
vivir con una adecuada calidad de vida, y aquellos que se acercan mucho a la
exclusión social, cuando no se ubican en ella. Subirats (2004) también afirma
que la exclusión social es un proceso dinámico que se produce como «[...]
resultado de una cadena de acontecimientos reforzados o impulsados por las
desigualdades y determinaciones estructurales del sistema económico social».
Este autor señala los principales ejes de desigualdad social (el género, la
edad y la procedencia), y apunta a los tres pilares básicos de la inclusión,
que pueden verse seriamente afectados en situaciones crisis, y que son: 1) la
participación en la producción y en la creación de valores, 2) la adscripción
cultural y ciudadana, y 3) la adscripción política y conexión con redes de
apoyo social. A pesar de que estas definiciones fueron postuladas a principios
del pasado siglo, y de que con poca frecuencia se asocian al conocido como primer
mundo, se ajustan a la realidad de muchas personas en nuestro entorno
inmediato.
1.3. El impacto de la crisis en el acceso a la
universidad
En este contexto de crisis social y económica, los
jóvenes no solo han experimentado graves dificultades en cuanto a su inserción
laboral (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, 2014),
siendo actualmente la tasa de paro juvenil superior al 50% en el conjunto de
nuestro país, sino estas dificultades en el acceso al mercado laboral son superiores
en aquellos titulados universitarios de clases sociales más desfavorecidas
(Navarro, 2014). Estas dificultades para los jóvenes de clases obreras, también
existen en cuanto a acceder y/o mantenerse en el sistema universitario, debido
en gran medida al progresivo incremento que los precios y tasas universitarias
han experimentado en paralelo al empobrecimiento de la población (Langa Rosado
y Río Ruiz, 2013; Hernández Armenteros y Pérez García, 2013). El Informe
ejecutivo sobre condiciones vida y participación de los estudiantes de la
Universitat de Barcelona (Observatori de l’Estudiant de la UB, 2016) señala
como, en el momento actual, a pesar que cursar estudios universitarios fomenta
la movilidad social, persisten las diferencias en el acceso a la universidad en
función de la extracción social de los padres de los y las estudiantes. En este
sentido, a partir de la aplicación del Plan de Bolonia, a partir del curso
2012-2013 el precio del crédito universitario experimentó un aumento
significativo, siendo Cataluña la Comunidad Autónoma donde se experimentó el
mayor incremento (66,6%) respecto al curso anterior, en la que más resulta más
caro estudiar en la universidad pública (Escardíbul et al., 2013; Andreu y
Pérez, 2014). Las políticas en materia educativa llevadas a cabo durante los
últimos años han tendido al beneficio del sector privado y al perjuicio del
público, como se pone de manifiesto con leyes como la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa de 2013, o el Real Decreto 609/2013, 2 de
agosto, por el que se establecen umbrales de renta y patrimonio familiar y las
cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se
modifica particular-mente el real decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el
que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizado. Con
esta norma se reducen o suprimen ayudas como aquellas destinadas a desplazamiento,
ayudas residenciales, material para el estudio, realización del proyecto final
de carrera, ayudas por rendimiento académico o complementos para cursar
másteres. Además, esta reforma dificulta el acceso a las ayudas, al incorporar
un componente variable que considera para su concesión no solo la nota media y
la renta familiar del solicitante, sino también el número de becados; al mismo
tiempo que se endurecieron los requisitos de rendimiento académico para acceder
a una beca, ya que se exige una mayor nota en las pruebas de acceso a la
universidad, teniéndose que aprobar durante los cursos posteriores
un mínimo del 85% de créditos matriculados en el caso de las enseñanzas
técnicas, y del 100% en el resto. Incluso se contempla el supuesto de que se
deba reembolsar el importe íntegro de la beca en caso de no superar el 50% de
créditos (Río Ruiz, 2014).Como derivada de esta situación, y de las barreras
con la que los y las jóvenes han de enfrentarse para acceder a la universidad (como
la falta de trabajo o la clase social de sus padres), cabe preguntarse hasta
qué punto los propios estudiantes universitarios podrían estar exponiéndose a
situaciones de riesgo de exclusión social como la prostitución, el tráfico de
drogas, el trabajo precario, etc., con el único propósito de poder costearse
sus estudios, lo que supondría una situación de emergencia para el sistema
universitario, y exigiría una rápida y contundente respuesta institucional.
Este estudio, que representó un Trabajo Final de Grado (TFG) de Educación
Social por la Universitat de Barcelona se centra en una muestra de estudiantes
de esta materia durante el curso 2013-2014, en el que podría es-tar
produciéndose la paradoja de que estos futuros profesionales que han de combatir
la exclusión se estarían exponiendo a ella, precisamente para poder alcanzar su
capacitación profesional. 2.MétodoSe optó por una metodología de carácter
descriptivo ya que el objetivo del estudio era aproximarse a un fenómeno aún
inexplorado: la situación socioeconómica y laboral de los y las estudiantes de
último curso del Grado de Educación Social de la Universitat de Barcelona; y
hasta qué punto esta podría relacionarse con la realización de comportamientos
vinculados a la exclusión social, para poder costearse sus estudios, y con la
actitud respecto a realizarlos en caso de necesidad. Por otra parte, se optó
por la metodología cuantitativa debido a: (1) el mencionado carácter
descriptivo y exploratorio del estudio (2) la necesidad de acceder a una muestra
de estudiantes lo más numerosa posible, (3) la dificultad que supondría
procesar y analizar una cantidad elevada de información cualitativa, y (4) la
confidencialidad que garantiza el empleo del método de encuesta, el cual
facilita que las respuestas a preguntas potencialmente comprometedores sean lo
más sinceras posibles, y se vean lo menos afectadas por un efecto de
«deseabilidad social».
2.1. Preguntas
de investigación
Debido al
carácter exploratorio del estudio, no se establecieron hipótesis específicas,
sino que se trabajó a partir de las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál
es el perfil socioeconómico y laboral de los y las estudiantes de último curso
del Grado de Educación Social de la Universitat de Barcelona? ¿Hay estudiantes
de Educación Social que hayan realizado comportamientos de riesgo de exclusión
social con el único propósito de costearse sus estudios? ¿Cuál es la
prevalencia de estos comportamientos entre los y las estudiantes de 4.º curso
del Grado en Educación Social en la Universitat de Barcelona? ¿Hasta qué punto
existe una disposición por parte de estos estudiantes a realizar
voluntariamente comportamiento de riesgo para poder costearse la carrera?
2.2. Participantes
En el
estudio participaron 96 estudiantes de 4.º curso del Grado en Educación Social
de la Universitat de Barcelona (77 mujeres y 19 hombres), del total de 178
estudiantes matriculados de la asignatura Trabajo Final de Grado. Se trató de
una muestra accidental (ya que participaron aquellos estudiantes que
voluntariamente accedieron a contestar el cuestionario), pero relativamente
representativa del con-junto de estudiantes de último curso de esta titulación,
ya que: 1) representa un 53,4% de estudiantes de cuarto curso, 2) estos
estudiantes, al tener un recorrido dentro de la institución universitaria de al
menos 3 años, han experimentado en primera persona el incremento de los precios
y las modificaciones en la política de becas iniciados en el curso 2012-2013. El
24% de la muestra encuestada no trabajaba en el momento del estudio. Ya que el
objetivo principal de este trabajo era identificar la hipotética paradoja que
supone el hecho de que los futuros profesionales de la Educación Social se vean
inmersos en situaciones de exclusión para alcanzar su capacitación profesional
a pesar del endurecimiento del contexto y las medidas políticas adoptadas, el
único criterio para participar en la investigación fue estar en el último año
del grado en el momento del estudio (curso 2013-2014), sin incluir ningún otro
tipo de variables de exclusión. 2.3.Elaboración del instrumento de recogida de
información
Para
realizar el trabajo de campo se creó un instrumento a partir de la adaptación
del cuestionario empleado por el Observatorio del Estudiante de la UB para
realizar el registro de la situación socioeconómica de sus estudiantes. Este
cuestionario fue ampliado mediante la inclusión de una serie de ítems relativos
a las dimensiones que se incluyeron en el cuestionario final fueron: Una
primera dimensión descriptiva relativa a la información sociodemográfica de los
participantes. Otra relativa a la situación socioeconómica y laboral, y a la
percepción del impacto de las políticas universitarias en una escala de tipo
Likert, con 4 opciones de respuesta: «nada», «un poco», «bastante» y «mucho». Una
última dimensión mediante la cual se evaluaba el grado de exposición a
comportamientos de riesgo social y su actitud respecto a llevarlos a cabo en el
futuro, empleando una escala actitudinal con un rango de 0 a 10
puntos.2.4.ProcedimientoEn primer lugar, se contactó mediante un email con los
docentes del TFG, solicitando su autorización para realizar la recogida de
datos durante los 10 primeros minutos de una de sus sesiones de clase. En el
momento de la obtención de información, la encuestadora (n=1) indicaba en
líneas generales el propósito del estudio, y para evitar un posible efecto de
deseabilidad social, informaba de que los datos obtenidos serían tratados de
acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, por lo que quedaba totalmente garantizada la
confidencialidad y el anonimato de las respuestas. También se indicó a los
participantes que, ante cualquier duda, podían solicitarle cuantas aclaraciones
fuesen necesarias. Finalmente, se informó de que no había respuestas correctas
ni incorrectas, y de que se debía contestar las preguntas con la mayor rapidez
posible. El tiempo me-dio que demoraba la aplicación del cuestionario fue de
aproximadamente diez minutos.
2.5. Plan de
análisis de datos
Los datos de
las encuestas fueron introducidos en una matriz de datos construida mediante la
plataforma Google Forms. Posteriormente se generó la matriz final de datos
mediante el software IBM SPSS (versión 21), para Windows. Los análisis
estadísticos consistieron en el cálculo de medias con sus correspondientes
desviaciones estándar y en el cálculo de frecuencias y porcentajes, tanto para
la descripción sociodemográfica de la muestra como para la evaluación de la
prevalencia de comportamientos de riesgo social ya realizados por los
participantes en el estudio. Finalmente, para la compa-ración de medias
obtenidas en la escala actitudinal en función del género se emplearon pruebas
de análisis de la varianza univariantes (ONEWAY Anova).
3. Resultados
3.1. Características
sociodemográficas y sociolaborales de la muestra
La muestra
estuvo compuesta por un 80,2% de mujeres y un 19,8% de hombres. La media de
edad fue de 26,84 años (D.T.=6,29), siendo de 26,09 (D.T.=5,33) en el caso de
las mujeres y de 29,84 (D.T.=6,29) en el de los hombres. Respecto a la
percepción de la propia situación económica, el 39,6% de los participantes
consideraron su renta como baja, el 39,6% como media-baja, el 18,8% como media,
y solo un 2% la consideran media-alta o como alta. En cuanto a su situación
sociolaboral, los participantes mayo-ritariamente vivían con sus padres
(44,8%), seguidos por un 24% que convivían en pareja, y el (16,7%) que
compartían piso. Respecto a su situación económica, en la mayoría de casos la
principal fuente de ingresos provenía de las rentas del trabajo (38,5%),
seguida de ayudas familiares (21,9%). A este respecto, el 60,5% de los
estudiantes que percibían apoyo económico de sus familiares, lo recibían de
parte de sus padres. En cuanto a la situación laboral de los participantes, un
75,8% de la muestra trabajaba en el momento del estudio. No obstante, del 24,2%
de estudiantes que no trabajan, el 60,9% no estaban inscritos en el registro de
desempleados, En cuanto a la dedicación, un 59,5% de los participantes
trabajaban a jornada parcial, un 21,6% trabajaba a jornada completa, y un 14,9%
lo hacía de forma intermitente. Un 4,1% informó de disponer de dos trabajos
(uno a tiempo parcial y otro esporádico; o dedicación com-pleta en uno y
parcial en el otro). No obstante, representa un dato relativamente positivo el
hecho de que el tipo de contrato más habitual entre los participantes en el
estudio fuera el de carácter indefinido (35,5%), seguido del eventual (32,9%).
En cuanto a las becas obtenidas por los estudiantes encuestados a lo largo de
los dos años previos al estudio, un 39,6% no había recibido ningún tipo de
ayuda (ni Beca de Equidad ni Beca General).
3.2. Comportamientos
de riesgo
El Gráfico I
resume aquellos comportamientos relacionados con el riesgo social que los
participantes informaron haber realizado a lo largo de su paso por la
universidad, con el único propósito de poder costearse los estudios. Como puede
observarse, el comportamiento de riesgo social más prevalente en nuestro
estudio fue el de haber trabajado en el pasado sin contrato (35,8%). De hecho,
un 21,1% de participantes afirmó que lo hacía en el momento de contestar la
encuesta, por lo que el total de estudiantes que en algún momento ha trabajado
sin contrato ascendió al 56,9%. Además, el 2,1% en algún momento había cobrado
por sus apuntes o realizado trabajos para otras personas: y un 1% lo hacía en
el momento del estudio, por lo que el porcentaje total de este «fraude
académico» (en tanto que se altera el rendimiento académico de terceras
personas mediante una cierta suplantación de la identidad por parte del
estudiante que realiza estos trabajos a cambio de dinero) era del 3,1%. Un 5,2%
de los estudiantes había participado en algún momento en ensayos clínicos, y un
2,1% había donado semen u óvulos para obtener el dinero necesario para poder
financiarse la carrera. Finalmente, un 6,3% manifestó que había traficado con
drogas, e incluso un participante declaró haberse prostituido para poder
mantener sus estudios universitarios.
3.3. Actitudes
respecto a los comportamientos de riesgo.
Tal como se
resume en el Gráfico II, el 97,9% de participantes mostraron en la escala
actitudinal en mayor o menor medida, su disposición a trabajar sin contrato, y
un 87,5% se valoraba la posibilidad de comerciar con sus apuntes y trabajos
para ganar dinero. El 72,6% de encuestados se manifestaron dispuestos a
participar en ensayos clínicos o a donar óvulos o esperma (73,4%) a cambio de
dinero. Finalmente, el 66,7% se manifestaba en cierta medida dispuestos a
traficar con drogas, e incluso un relevante 28,1% no descartaba completamente
la posibilidad de prostituirse para poder financiarse la carrera.
4. Discusión
En primer
lugar, en cuanto al impacto de los recortes en las políticas en materia de
becas realizados durante los años de recesión económica, éste se ve reflejado
en nuestro estudio, dado que un alto porcentaje de participantes que las habían
solicitado (prácticamente en 40%) no había recibido ningún tipo de ayuda al
estudio. En lo referente a la situación laboral de nuestros encuestados, a
pesar de que la mayoría de ellos declaró disponer de trabajo, la mayor parte de
ellos percibía su propia situación económica como media-baja o directamente
baja. Esto sugiere que reciben una escasa retribución por su trabajo, y que, en
general, desarrollan sus actividades laborales en unas condiciones precarias.
La existencia de esta precariedad laboral se ve apoyada por el hecho de que,
aunque una gran proporción de encuestados convivía con sus familias, y
manifestaba que su principal fuente de ingresos era su propio trabajo, de
hecho, dependían de la ayuda económica proporcionada por sus familiares para
poder costearse sus estudios universitarios. También en relación a la
precariedad en la que desarrollaban su trabajo, los resultados revelaron que la
dedicación laboral más habitual era aquella a tiempo parcial (en sintonía con
la tendencia general del mercado laboral en nuestro país), e incluso una gran
parte disponían de una o más ocupaciones sin un contrato laboral, aunque
ciertamente, se observó que el 35,5% de los participantes que trabajaban en el
momento del estudio lo hacían con un contrato indefinido.
Por tanto, a
pesar de que los participantes no descartaban abandonar sus estudios ante su complicada
situación socioeconómica, la mayoría la afrontaban alternando estudios y
trabajo, o incluso acudiendo a alternativas menos lícitas y relacionadas con la
misma exclusión social contra la cual quieren intervenir en su futuro
profesional, cómo el tráfico de drogas, entre otras. En cuanto a estos
comportamientos relacionados con la exclusión social que los estudiantes
manifestaron haber realizado en alguna ocasión para financiarse los estudios
universitarios, un elevado número de participantes habían trabajado sin
contrato (con la consiguiente vulneración de sus derechos y la exposición a
situaciones de vulnerabilidad e indefensión). Además, se registraron casos en
todos los comportamientos de riesgo evaluados, incluso en lo referente al
tráfico de drogas o la prostitución, lo que constituye una realidad francamente
alarmante, e incluso dramática. También resulta significativo el hecho de que
la práctica totalidad de los participantes declaró que, si fuera necesario para
pagarse la carrera, estaban dispuestos a realizar alguno de los comportamientos
de riesgo evaluados en la escala, aunque en el pasado nunca se lo hubieran
planteado. De hecho, se registró un elevado índice de estudiantes dispuestos a
trabajar sin contrato y a traficar con drogas, si se diera el caso de que sus
estudios dependieran de ello. Respecto a las diferencias de género, las mujeres
se mostraron más predispuestas a trabajar sin contrato y a realizar trabajos
académicos para terceros, mientras que los hombres mostraron una mayor disposición
a ejercer la prostitución y a donar esperma. En cuanto a la participación en
ensayos clínicos o traficar con drogas, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Además, se observó una
posible relación inversa entre la percepción del propio nivel adquisitivo y la
realización de conductas de riesgo social, o la disposición de llevarlas a cabo
en el futuro. Nuestros resultados sugieren que los estudiantes con menor nivel
adquisitivo se pueden ver en ocasiones forzados a aceptar trabajar en
condiciones precarias durante sus estudios, cuando no a exponerse a otras
situaciones que no se plantearían si no fuera por la necesidad de obtener los
recursos mínimos para poder mantenerse en la universidad. Cabe incluso reflexionar
sobre hasta qué punto esto podría comprometer su rendimiento académico, dada la
interferencia de estas situaciones de riesgo en el correcto seguimiento por
parte de estos y estas estudiantes de las actividades académicas. Además,
cabría también profundizar en la posibilidad de que, estas situaciones y
conductas con las que han entrado en contacto a lo largo de sus estudios se
pudieran cronificar, por lo que paradójicamente su paso por la Universidad, en
vez de haber actuado como un ascensor social, habría precisamente supuesto su
puerta de entrada a la exclusión. En estos casos estaríamos delante de una
realidad hasta ahora inexplorada: la de los estudiantes universitarios en
situación de riesgo de exclusión social a causa de su propia motivación académica.
Por tanto, en el futuro es preciso realizar estudios más amplios y profundos en
relación al impacto de la crisis económica y sus derivadas, no solo en los
estudiantes de Educación Social de la Universitat de Barcelona a los que se
pudo acceder para este estudio, sino a nivel global del sistema universitario,
donde según el tipo de grado y de Comunidad Autónoma, las diferencias en los
precios de matrículas son notables (Andreu y Pérez, 2014). Cabe además,
emprender un proceso de reflexión dentro de la institución académica respecto a
cómo prevenir y detectar estos casos, y especialmente en relación a cómo actuar
para revertir estas situaciones una vez son una realidad, para alejar a los
estudiantes de la exclusión más o menos latente en la que se puedan hallar
inmersos. No obstante, hay que valorar nuestros resultados con cautela debido a
sus limitaciones metodológicas (tamaño de la muestra, sesgo en el tipo de
población evaluada, que pertenece a un segmento muy concreo de una determinada
institución universitaria, etc.), que han de ser tenidas en cuenta en estos
hipotéticos estudios futuros. Ciertamente, nuestra muestra no es representativa
de toda la población universitaria y además se ha de considerar el grado de
compromiso que podría significar la respuesta a algunas preguntas planteadas en
la encuesta podría haber provocado un efecto de «deseabilidad social» que
habría sesgado, al menos parcialmente, nuestros resultados. No obstante, este
estudio apunta hacia una preocupante realidad, fruto del pasado y del presente
contexto económico, así como de las políticas públicas llevadas a cabo para
afrontarlo. Esta hipotética realidad exige la atención de las instituciones
públicas (especial-mente la universitaria), las cuáles han de asumir la
responsabilidad de velar por la igualdad de derechos y oportunidades de los
jóvenes, no ya solo en cuanto al acceso a la formación universitaria, sino
también en la prevención del abandono académico por causas sociales, y de las
conductas de riesgo que puedan estar dispuestos y dispuestas a realizar para
evitarlo, y sus consecuencias a nivel psicológico, social y moral.
